Aunque Guatemala se comprometió a facilitar espacios para la creación de las emisoras comunitarias y existen recomendaciones de distintos relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para democratizar el espectro radioeléctrico, el Estado continuó con el hostigamiento a estos medios y solo durante los últimos dos años se estima que cerca de una docena fueron clausurados, detalló César Gómez, del Movimiento de Radios Comunitarios.

Esta también es una de las recomendaciones que Noruega formuló a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) de los años 2008 y 2012, realizados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Gómez aclaró que debe diferenciarse a las radios que prestan un servicio a la comunidad y en las cuales pueden participar todos los sectores, incluidos jóvenes, mujeres y autoridades ancestrales, de las emisoras que se autodenominan “comunitarias” pero tienen intereses comerciales o transmiten únicamente contenido religioso.

Pueden encontrarse en un área hasta 20 radios que se hacen llamar comunitarias, pero cuando se analiza su contenido podrá verificarse que solo una brinda servicios a la población, aseguró el entrevistado.

En ese sentido, Gómez señaló que el Ministerio Público (MP) ha empleado, a lo largo de los años, diversas estrategias y variadas acusaciones para clausurar a estos medios de comunicación; en un inició era la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas era la encargada de perseguir a las emisoras comunitarias, sin embargo, esto cambió cuando se denunció ante la CIDH.

Posteriormente, la encargada de acosar a las radios era la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, la cual no tenía relación con el tema de las radios comunitarias, declaró Gómez.

Luego se creó una Fiscalía del Espectro Radioeléctrico, sin embargo, cuando se solicitó información sobre el proceso de creación de ésta y sus responsabilidades, no se encontró información vigente.

El representante del Movimiento de Radios Comunitarios declaró que así como el MP modificó las fiscalías encargadas de perseguir a las emisoras, cambió también los delitos con los cuales acusaba a los encargados de los medios; en un inició el ente investigador imputaba el delito de Hurto de Fluidos y posteriormente lo cambió a solo el delito de Hurto.

De igual manera, enfatizó que la fiscalía no está respetando el debido proceso, pues asegura que la Ley General de Telecomunicaciones establece que en este tipo de casos de las emisoras comunitarias, debe agotarse el procedimiento administrativo a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para luego dar paso al procedimiento penal.

Gómez aseguró que cuando las autoridades capturan a los operarios o encargados de las radios comunitarias los coaccionan para que acepten el delito de hurto o de lo contrario los llevarán a prisión, lo cual es inaceptable que realice un funcionario del MP.

Como ejemplo de estas incongruencias en el sistema de justicia, Gómez citó el caso de la Radio Juventud en el departamento de Sololá, que fue clausurada y su equipo decomisado a inicios del 2015; durante el proceso las autoridades ancestrales apelaron a la jurisprudencia internacional relativa al derecho de los pueblos indígenas, por lo que el juzgado ordenó regresar los aparatos de transmisión.

Seis meses después la Cámara de Radiodifusión presentó una apelación, la que fue reconocida aunque el periodo para interponer recursos había vencido; la comunidad no fue notificada de la apelación hasta que había sido aceptada y se les ordenó entregar el equipo de la emisora.

El entrevistado aseguró que las acciones del Estado en contra de las radios comunitarias representan una violación a la normativa nacional relacionada con la libertad de expresión así como a los convenios internacionales suscritos por Guatemala, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

El 8 de noviembre próximo Guatemala pasará nuevamente el EPU, durante el cual deberá informar sobre los avances en las recomendaciones que aceptó cumplir hace cinco años y rendir cuentas ante el Consejo de Derechos sobre la situación actual de la violación a los derechos humanos en general.

Ver artículo original