Desde el 16 de julio de este año, comunidades originarias de la región de Quebrada y Puna y de parte de los valles y yungas de Jujuy, en el Noroeste Argentino, mantienen una protesta pacífica exigiendo una marcha atrás en la nueva constitución promulgada por el Gobierno de la Provincia.

Por: Francisco Miguel Gil García

Un nuevo texto legal que, respecto del anterior de 1986, recorta derechos, en varios de sus artículos vulnera o atenta contra sus derechos a la tierra y el agua, y deja la puerta abierta a un extractivismo minero depredador que, luego de casi haber agotado otros recursos minerales, hoy se orienta fundamentalmente a la explotación del litio, y que ya viene causando daños medioambientales irreversibles. Exigen respeto, y denuncian que durante el proceso constituyente no fueron debidamente informados ni consultados.

Es por ello que hasta el día de hoy se mantienen cortes en distintos puntos de las rutas nacionales 9 y 52 y la provincial 79, donde las comunidades se han instalado en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, amparada por la Constitución Nacional, pero que en la ambigüedad de la nueva carta magna provincial parece quedar negado y habilitada su persecución penal. Cortes de ruta que suponen quizás la única forma de hacer ruido frente a los oídos sordos de unas autoridades renuentes al diálogo horizontal. 

En uno de ellos, el de Purmamarca, fueron duramente reprimidos el 17 de julio por la Policía de la provincia; cuatro cargas que se saldaron con cientos de heridos por gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, que incluso ocasionaron la pérdida o afectación total del globo ocular en cuatro casos.

El Gobernador Gerardo Morales, representantes del poder Ejecutivo y Judicial y los medios masivos oficialistas de prensa y televisión hablan de provocación, atentados contra la autoridad, desorden público, graves daños contra la propiedad pública y privada, afectación de derechos fundamentales, y anuncian severas medidas legales y sanciones económicas contra quienes participen en los cortes de ruta.

Les acusan de atentar contra el derecho a la asistencia sanitaria impidiendo el tránsito de ambulancias y otros servicios médicos, lo cual, desde más de una semana sobre el terreno, es absolutamente falso. Ciertamente se están produciendo bloqueos parciales de carreteras, que, según casos, se levantan cada 3 o 6 horas; en algunos bloqueos, cortes totales indefinidos. Pero en todo momento se viene habilitando el libre tránsito de ambulancias, vehículos policiales, de la Gendarmería Nacional y de bomberos, y de servicios funerarios. Tampoco es cierto que se esté negando el acceso a los turistas, o que se esté perjudicando al abastecimiento de productos básicos.

Su causa y la realidad de los cortes está siendo ninguneada, tergiversada o inventada con claros intereses políticos, en un contexto de año electoral y con un Gobernador Morales que presenta su candidatura a Vicepresidente de la Nación. Un clima político tensionado en el que, sin embargo, ya son varios Municipios y Consejos Deliberantes los que están sancionando positivamente los reclamos originarios, y están sumando su aporte a diferentes causas y procedimientos legales en favor de las comunidades y en contra del nuevo texto constitucional.

En esta lucha, la Pachamama está omnipresente. Se exige respeto para ella. «La Pacha no se vende, la Pacha se defiende», es una consigna que se repite por doquier. Una Pachamama que es considerada fuente de vida. Igual que el agua. No se está en contra de la explotación de los recursos naturales, ciertamente, la minería es la principal actividad económica para muchos. Pero se reclama una explotación sostenible. Lo mismo que se pide al sector turístico, otro de los grandes motores económicos de la región, y que no parece venir respetando ni las tierras ni el agua de las comunidades. Tierra y agua, dos recursos que las comunidades originarias sienten como propios desde tiempos ancestrales, y que constituye su hábitat natural y fuente de sustento. 

El futuro es oscuro e incierto, pero el empeño de las poblaciones originarias de Jujuy no parece que vaya a cejar hasta que se reconozcan y garanticen sus derechos. Los mismos derechos que capaz que les vienen siendo atropellados desde la construcción misma del Estado-Nación argentino. Porque el problema no es nuevo. Esto que está pasando hoy en Jujuy es sencillamente la gota que colmó el vaso.