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Por Sebastián Gómez Ruíz

El 10 de Mayo en la Universitat de Barcelona, tuvo lugar la presentación de la investigación:  “¿Paz para quién? Defensa del territorio y minería en Colombia” Estudios de caso desde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, organizado por el Observatorio ADPI  y el CINAF. La historiadora Lina Gonzalesdel Observatorio ADPI, dio inicio a la presentación con una descripción del panorama general acerca de las relaciones existentes entre el  proceso de paz, minería, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. De acuerdo con su exposición, estas comunidades, fueron prácticamente excluidas y solo hasta el final del acuerdo, se logró incluir un capítulo dedicado a ellas.  Después de que  en 2016 se firmara la paz, en Colombia, se puso de manifiesto una paradoja: por un lado, en los territorios que antes estaban ocupados por las FARC y eran de  difícil acceso, en la actualidad, se han “liberado”, lo que ha implicado, una proliferación de explotación de minería legal, ilegal y narcotráfico, que amenaza la paz. En efecto, existe un crecimiento en el conflicto armado que en el 2017, aumentaría con más 218 líderes sociales asesinados y desaparecidos.

Los proyectos minero energéticos vienen acompañados de proyectos modales, que involucran la construcción de puertos y autopistas. Sin embargo, las conclusiones del estudio presentado apuntan en afirman que los costes de la minería son mucho mayores para la población, que sus supuestos beneficios, principalmente por tres causas: Primero, Colombia es el país que menos tributa por proyectos minero energéticos en Latinoamérica, eso quiere decir, que el dinero de regalías, no revierte en las poblaciones. Segundo, los territorios en los que se desarrollan estos proyectos, generalmente ponen en riesgo la soberanía alimentaria y la autonomía política. Tercero, el nivel de impacto ambiental de la minería afecta la salud de los pobladores, muy especialmente de los niños y las niñas debido a la contaminación del agua producida por el mercurio.

En segundo lugar, la abogada Alejandra Duran del Observatorio ADPI, expuso las diferencias existentes entre minería ilegal, informal y de subsistencia, que de acuerdo con la normativa actual, se basa en el volumen de minería que se extrae. Sin embargo, la complejidad jurídica de la minería en Colombia radica también en los procesos de adjudicación de los territorios a explotar, que se dan en un primer momento con la adquisición de títulos mineros y luego con las licencias ambientales. De acuerdo con la conferencista, a pesar de que existen mecanismos como las consultas previas, a través de las cuales las poblaciones son informadas de acuerdo con los convenios internacionales de la OIT, estas consultas no son vinculantes, lo que significa que la última palabra no la tienen las comunidades, sino el Estado. En efecto, en algunos territoritos como en Calarcá (Tolima), las poblaciones han decidió decirle no a la minería mediante consultas populares. No obstante, estos procesos autónomos han sido amenazados porque, por un lado, se quiere limitar el alcance de las consultas populares por parte de la Corte Constitucional y por otro lado, los títulos mineros todavía pertenecen a las corporaciones mineras que esperan que el clima político cambie para volver a los territorios o demandar con millonarias indemnizaciones al Estado colombiano.

En este complejo panorama, las luchas de los pueblos indígenas del Cauca se ha convertido en la piedra angular de los procesos de resistencia frente a lo que se ha denominado la empresa criminal de la minería. La antropóloga Nuria Morello del Observatorio ADPI, hizo énfasis en los proceso que llevan acabo la Guardia Indígena del CRIC (Concejo Nacional indígena del Cauca)  para controlar el territorio y en defensa del ambiente. La lucha indígena se ha desplegado con la configuración de territorios de resistencia, en el que las mujeres han cumplido un papel fundamental en la defensa de las economías propias, tanto desde la movilización social, las mingasy un llamado hacía  la ancestralidad. Se trata de una defensa por el territorio, una lucha por la vida y la sobrevivencia, en contra de una empresa criminal que tiene una  maquinara legal y económica, que al igual que el narcotráfico en los años 80 y 90, ha permeado  y está  influenciado  todos los estamentos del estado.

Fotografía: http://www.semillas.org.co/es16/resultado-archivo-categoria?id=ccea9e42a11d417a94abd17aecafca90