Por Anna Peñuelas, Proyecto MEDIOS INDIGENAS
Las medidas adoptadas por los gobiernos para contener y prevenir la propagación de la pandemia del COVID-19 están afectando desmesuradamente a migrantes, refugiados y desplazados alrededor del mundo. El cierre de fronteras ha provocado que numerosas personas en movimiento queden atrapadas sin acceso al trabajo, salud y otros derechos básicos.
La irrupción del virus está afectando drásticamente a los pueblos indígenas de Panamá, que se han aislado en sus territorios y han creado cercos sanitarios para el control del ingreso y salida de personas. Sin embargo, y a pesar de que se tiende a imaginar a estos pueblos como estáticos y circunscritos en sus territorios, la población indígena de Panamá es altamente móvil. Los miembros de los pueblos indígenas no solo viven en las Comarcas (territorios indígenas) sino que un gran porcentaje habita, o pasa largas temporadas, en otras regiones del país, principalmente los centros urbanos de la Ciudad de Panamá, Colón y David. En este sentido, si bien parte de la población se encontraba en las Comarcas cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia y el día siguiente el Gobierno de Panamá decretó el estado de emergencia, muchos indígenas quedaron fuera de su territorio.
La situación ha sido y sigue siendo compleja en ambos escenarios. Muchos de los que están fuera han perdido el trabajo y los ingresos, y quieren volver a sus comunidades donde tendrían más facilidad para sobrevivir con el apoyo familiar y comunitario. Además, algunos expresan que el vínculo sentimental y espiritual que tienen los pueblos indígenas con su familia y su territorio se está viendo frustrado actualmente.
¿Debería poder volver a su territorio esta población? En las comunidades surgen dos sentimientos opuestos; mientras que muchos están preocupados por los familiares que se han quedado varados fuera de las Comarcas y quieren reunificarse con ellos, a otros les pesa más el miedo de que su regreso provoque contagios en las comunidades, que siguen cerradas para los que vienen de fuera. En el caso del pueblo Guna, se está desarrollando un proceso participativo para que la población vote y decida si los indígenas de esta etnia que se encuentran fuera de su territorio pueden volver.
En el otro extremo, los que quedaron en las Comarcas se están enfrentando a dificultades económicas, problemas de abastecimiento de alimentos y medidas como el aislamiento social, que choca con sus tradiciones milenarias basadas en la acción colectiva. El cierre de sus fronteras y control de acceso y salida del territorio está provocando un estancamiento en la población, que tampoco puede salir a realizar los trabajos que aportaban ingresos a sus familias y de los que dependía su economía anual.
Este es el caso de los indígenas Ngäbe y Buglé, que desde mediados del siglo XX se trasladan anualmente a Costa Rica para trabajar en la cosecha del café. Si bien algunos se han asentado permanentemente en el país, cada año miles de familias se desplazan desde sus comunidades de origen en la Comarca Ngäbe-Buglé de Panamá para incorporarse al mercado de trabajo costarricense. El cierre de la frontera entre estos dos países ha puesto en alerta a estos pueblos indígenas, así como a todo el sector cafetalero de Costa Rica, que depende de su mano de obra para la cosecha de este fruto.
Desde Costa Rica están definiendo nuevos protocolos y tomando las medidas sanitarias y legales necesarias para su incorporación a la cosecha, que en algunas regiones empieza este mes de agosto, y que llegará a su pico máximo en diciembre y enero. Si bien el sector cafetalero está haciendo un llamamiento a la población costarricense a trabajar en la cosecha de este año, esperan la llegada de un número importante de indígenas Ngäbe y Buglé.
*Llamamiento del ICAFE (Instituto del Café de Costa Rica) a participar en la cosecha de este año, asegurando el seguimiento de todas las recomendaciones, protocolos y lineamientos para prevenir el COVID-19 en nuestros cafetales.*
*Retos y desafíos – Cosecha 2020-2021 – Reportaje de 7 Días (Teletica)*
Sin embargo, la actual crisis sanitaria está acentuando los prejuicios y recelos etno-raciales y xenófobos de un sector de la población costarricense frente los migrantes. En el imaginario xenófobo y racista los migrantes son considerados como indeseables y se les responsabiliza de los principales problemas que afectan a la sociedad, como la delincuencia e inseguridad ciudadana, el aumento del desempleo y la transmisión de enfermedades, alimentando una imagen negativa de la migración que genera confusión, miedo y distanciamiento. A nivel de Costa Rica, los migrantes nicaragüenses se llevan la peor parte ya que además de recibir salarios muy bajos, sufren de racismo y criminalización. No obstante, los indígenas Ngäbe y Buglé no se libran de la discriminación y exclusión en el país. Son considerados como mano de obra barata, analfabeta, dócil y fácil de manipular, y en general son ignorados por el Estado y la sociedad costarricense.
Con la propagación global de la pandemia se está acentuando y haciendo más evidente esta desconfianza y rechazo a lo que viene de afuera, al otro, a lo diferente, y las personas que llegan al país son vistas como potenciales portadores del virus y a menudo culpadas del descontrol de la situación sanitaria. Esto nos hace reflexionar sobre las lógicas de la construcción de la diferencia en los procesos migratorios y en el contexto de pandemia.
En este escenario, siguen existiendo muchas incertidumbres entorno a la migración de los Ngäbe y Buglé este año. A pesar del miedo y recelo a la pandemia, ¿pesara más su economía y saldrán los indígenas Ngäbe y Buglé de sus comunidades? ¿llegarán a tiempo y serán suficientes las medidas y protocolos en los cafetales para evitar la propagación del virus? Y, sobre todo, ¿cómo será recibida este año la población indígena migrante por la sociedad costarricense?
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