Texto: Gemma Orobitg | Fotografías: Gemma Orobitg

En febrero de 2024, Irma A. Velásquez Nimatuj, antropóloga y periodista Maya K’iche’ de Guatemala, estuvo en la Universidad de Barcelona participando en el programa Inter-Saberes. Diálogos con Pueblos Indígenas, organizado por el CINAF (Grupo de Estudios sobre Culturas Indígenas y Afroamericanas) en colaboración con AlterNativa y con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperación. El objetivo de este programa es promover, en formato de diálogo, el intercambio de saberes entre artistas, activistas, académicos y especialistas indígenas, con diferentes públicos y expertos europeos interesados en la actualidad de los pueblos indígenas. La presentación de Velásquez Nimatuj, “Elaboración de peritajes: Mujeres indígenas de Guatemala y el acceso a la justicia”, en diálogo con Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, y moderado por Gemma Celigueta, antropóloga de la Universitat de Barcelona, está disponible en formato audiovisual en este mismo espacio: MEDIOS INDÍGENAS LAB.

Durante su estancia en Barcelona, Velásquez Nimatuj fue invitada a la Casa América-Catalunya donde conversó con Marta Nin i Camps (directora general de Casa Amèrica-Catalunya), Gemma Celigueta (CINAF-UB), Gemma Orobitg (CINAF-UB) y Lucía Franco de Paz (Prensa y comunicación de Casa Amèrica-Catalunya).

La conversación ahondó en su trabajo donde, a requerimiento de organizaciones querellantes, se ha desempeñado como perito en algunos juicios por justicia transicional que se han realizado en Guatemala, elaborando informes que ha presentado a los tribunales responsables de juzgar crímenes de lesa la humanidad ejecutados entre 1960 a 1996 en el país centroamericano. 

Irma A. Velásquez Nimatuj explicó que los peritajes son piezas claves para los abogados, fiscales y sobre todo para los jueces al momento de emitir sentencia en contra de los responsables de crímenes.  Los juicios realizados en Guatemala en los últimos 20 años poseen una extensa documentación sobre los crímenes cometidos en contra de poblaciones indígenas, lo que permite comprender los efectos actuales de esos delitos en las comunidades.

Además destacó en la conversación que la búsqueda de la justicia ha sido, en el fondo, la fuerza que ha movido a las mujeres mayas, quienes sobrevivieron a actos de ignominia, y quienes a pesar de todos los traumas que llevan consigo, de los estigmas que se reproducen en un país patriarcal, de vivir en condiciones precarias y de los riesgos contra sus propias vidas, decidieron testificar. También mencionó que las y los sobrevivientes de delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad no solo han usado la justicia nacional, sino que, cuando los tribunales les han negado juzgar a los responsables por corrupción e impunidad para proteger a los perpetradores, han recurrido a instituciones de justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en su momento la Audiencia Nacional de España.

A continuación, compartimos parte de la conversación:

Irma Alicia Velásquez Nimatuj en la Casa Amèrica-Catalunya, 29 de febrero de 2024. Fotografía: Gemma Orobitg

¿Qué es un peritaje? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se entrega a los tribunales?

Los peritajes son informes elaborados por expertos en temas concretos y se entregan con anticipación al tribunal que va a juzgar delitos concretos. En el caso de Guatemala estos han sido claves en los juicios por justicia transicional que se han realizado -después de firmarse la paz entre la guerrilla y el estado de Guatemala en diciembre de 1996- en contra de los responsables de ordenar y ejecutar atrocidades en el marco del conflicto armado interno.  

La importancia de un peritaje radica en que ofrece a los jueces informes de especialistas en diversos campos que contribuyen a entender ¿cómo? o ¿por qué? se cometieron actos inhumanos en contra de mujeres, niños, ancianos, hombres de comunidades mayas y algunas no mayas durante el conflicto armado que incluyen masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, esclavitud domestica, torturas, violaciones sistemáticas hasta actos de genocidio. 

Un experto, de acuerdo con su especialidad, posee sus propias metodologías para elaborar sus informes, los cuales se suman a las evidencias que los jueces necesitan para juzgar a los perpetradores e impartir justicia. Los expertos no emiten opinión, pero sí explican y detallan sus hallazgos de manera técnica.

¿Podría explicarnos su experiencia en la elaboración de peritajes antropológicos?

He tenido la responsabilidad de elaborar peritajes para tribunales dentro y fuera de Guatemala, y he aprendido que todo peritaje es una responsabilidad profesional porque requieren investigación de archivo y de campo en donde las voces de las y los sobrevivientes son claves. En mi caso, trato de usar mi entrenamiento como antropóloga para elaborar estos informes y en algunos casos, no en todos, he tenido que presentarlos a los jueces en los tribunales en donde también están las/los sobrevivientes y los acusados. Reconozco que es un desafío declarar frente a quienes cometieron esos delitos, especialmente cuando se vive en el mismo país, porque ellos siguen siendo actores con poder a nivel nacional, respaldados por redes legales e ilegales bien estructuradas dentro de las instituciones del estado que los protegen, dentro del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, por lo que las represalias son una amenaza permanente.

¿El esfuerzo del peritaje queda reconocido en las sentencias?

En las sentencias emitidas en Guatemala los tribunales han dejado constancia de lo central que fueron los datos e informes presentados en los peritajes. Sin embargo, el trabajo arduo lo hacen las y los sobrevivientes, porque son quienes deciden desafiar al sistema y recorrerlo junto a abogados y organizaciones que los acompañan. Las sentencias y los procesos son documentos públicos y pueden consultarse, allí puede constatarse la importancia de los peritajes en los procesos.

Después de haber elaborado peritajes antropológicos ¿ha encontrado una lógica o una explicación a los niveles extremos de agresividad, violencia y odio del estado de Guatemala hacia los pueblos mayas?

Podría decir que he identificado que lo que subyace en estos crímenes ha sido un racismo histórico y estructural que ha permitido a quienes han controlado el Estado buscar la destrucción permanente y la desaparición física de la población maya de Guatemala por su permanente rebeldía y por defender sus territorios, recordemos que la población maya era la mayoría en la época del conflicto armado. Las élites que han controlado el país crearon un sistema racial que es la base del Estado, sobre la que erigieron instituciones a su conveniencia que les han garantizado impunidad legal y un enriquecimiento desmedido. O sea, les han servido para exacerbar el odio y el desprecio hacia los pueblos y las vidas indígenas cuando estos a través de diversas formas han desafiado sus formas de poder y control económico, ideológico o político. 

El conflicto armado de finales del siglo pasado puede leerse como otro momento en la historia en donde se buscó la eliminación física del sujeto indígena, por eso, la violencia se concentró en algunas comunidades a las cuales arrasó, dejando a las y los sobrevivientes empobrecidos y cargando traumas emocionales nunca atendidos. Los informes de la Comisión de la Verdad (1999) y el de Guatemala Nunca Más (1998) documentaron cientos de ejemplos, uno de ellos es lo que vivió el pueblo Achi‘, en el departamento de Baja Verapaz –concretamente 33 comunidades– quienes a partir de 1970 se negaron a dejar sus tierras cuando el Estado decidió construir la represa Chixoy en sus territorios. La represa más grande de Centroamérica para ese momento. Las comunidades se oponen a que los despojen de sus tierras ancestrales, a ser desplazados, a que sus cementerios y sus lugares sagrados queden debajo del agua. Y cuando resisten de manera pacífica, el Estado toma la decisión de masacrar a varias comunidades. Uno de los casos es el de la comunidad de Río Negro en donde el ejército casi la exterminó en cinco masacres. La primera masacre la ejecutaron el 4 de marzo de 1982; la segunda el 13 de febrero de 1982 cuando convocan a los hombres y los desaparecen; la tercera el 13 de marzo cuando el ejército masacró a más de 100 niños y 70 mujeres, y más de 15 niños fueron secuestrados; la cuarta el 14 de mayo, y la última el 14 de septiembre del mismo año.  En esa comunidad de alrededor de 172 familias sobrevivieron sólo miembros de 13 familias. La película Discovering Dominga: A Survivor’s Story (2003) es la historia de una de las pocas niñas de esa comunidad que sobrevivió la tercera masacre. Otro de los niños secuestrado en esa masacre es Jesús Tecú, un líder que funda el Bufete Jurídico de Rabinal y que ha llevado a juicio a algunos de los perpetradores del genocidio contra el pueblo Achi. 

¿Por qué esa violencia tan profunda? Por un lado, ese racismo, ese odio hacia los pueblos indígenas, y por el otro lado, va de la mano con la toma de sus territorios que son ricos en recursos naturales

Ese patrón de despojo a costa de las vidas indígenas se mantiene hasta el presente, ahora las y los defensores de los territorios, la mayoría indígenas, viven criminalizados a través del uso retorcido que hacen del sistema de justicia, concretamente del derecho penal, porque al igual que lo hicieron las comunidades Achi en las décadas de 1970 y 1980, las nuevas generaciones están desafiando la brutal embestida de las empresas trasnacionales que quieren explotar y llevarse los recursos que poseen los territorios indígenas y dejarlos nuevamente en pobreza material y emocional.

¿Cómo es el proceso de elaborar los peritajes antropológicos trabajando con los sobrevivientes?

Las y los sobrevivientes son los actores claves, y con ellas y ellos hay que trabajar para la elaboración de los peritajes, tomando siempre en cuenta las directrices de los equipos de abogados defensores y de las organizaciones querellantes, porque ellos saben qué delitos juzgará el tribunal, a qué fechas corresponden, quiénes son los sindicados, entre otros datos que guían el proceso y enmarcan el peritaje. En lo personal ha sido un proceso complejo porque comparto con las y los sobrevivientes la condición de ser una mujer indígena que sobrevivió el conflicto armado, yo nací, crecí y me formé en la guerra y presencié actos violentos. Ese privilegio de haber sobrevivido en un país que tenía como objetivo acabar con todo lo indígena porque nos etiquetó como “enemigos del estado”, tiene sentido en mí y me motiva a poner todo para elaborar mi trabajo, por el otro lado, ha sido doloroso porque uno se enfrenta al odio y la saña extrema de un sector poderoso contra mayorías desarmadas a quienes ha inferiorizado al punto de atemorizarlos y explotarlos física y emocionalmente, y buscar controlarlos usando instituciones como la escuela, las iglesias, las fuerzas de seguridad e incluso los tribunales, son hechos que hieren e indignan de manera simultánea. En medio de esto, hay un reto profesional y una responsabilidad técnica de proveer el mejor trabajo posible, la mayor cantidad de evidencias porque de lo contrario sería un trabajo rechazado por el tribunal o impugnado por la parte defensora. 

¿Qué tipo de acompañamiento se da a los sobrevivientes que testifican?

El acompañamiento casi siempre lo hacen las organizaciones que acompañan a las/los sobrevivientes de acuerdo con sus habilidades y recursos. Esta no es un área que yo maneje, pero sé que es distinto en cada caso. He observado, por ejemplo, que frente al genocidio que vivieron las comunidades achi’ han sido sus propias organizaciones las que han acompañado a las y los sobrevivientes. Como mencioné, varios de los niños que sobrevivieron estos crímenes se convirtieron en defensores de derechos humanos. En otros casos, como el de las señoras de las comunidades de Sepur Zarco, ubicadas en el departamento de Izabal, y quienes enfrentaron esclavitud sexual y doméstica por miembros del ejército de 1982 a 1988 han recibido acompañamiento por organizaciones de mujeres indígenas y no indígenas. Sobre todo, ha sido clave el acompañamiento espiritual, teniendo como base la cosmovisión maya, que ha sido una vía para buscar la sanación. 

¿Cómo sanarse, me refiero a usted y a los peritos, después de recibir testimonios de tanta crueldad?

En mi caso, como una mujer maya k’iche’ también he estado atravesada por una permanente violencia desde que tengo uso de razón, por eso, la responsabilidad de elaborar peritajes la asumo como el privilegio de servir al pueblo maya que es también mi pueblo en su lucha por buscar y alcanzar justicia, sobre todo, en sus aspiraciones por forjarse una vida digna para ellos, así como para las futuras generaciones. Y no es fácil, en los integrantes de las comunidades, en lo interno de las mujeres mayas sobrevivientes y en la juventud hay traumas históricos no atendidos, no conectados y no comprendidos. Y esas heridas están allí en las historias de vida de quienes buscan justicia. 

Recuerdo a una de las señoras sobrevivientes, quien me narró como el ejército llegó a su comunidad con una lista de nombres y ese día detuvieron a la mayoría de los hombres y se los llevaron. Nunca aparecieron, solo quedaron las mujeres y los niños. Los miembros del ejército, luego de desaparecer a los hombres, regresaron y violaron a las mujeres. Luego de ser ella violada y ver que su esposo no regresó, tomó la decisión de huir a la montaña con sus cuatro niños. Estos hechos ocurrieron en una región cálida y húmeda, donde se necesita agua para sobrevivir. Ella se queda viviendo, junto a otras mujeres, por más de cuatro años en las montañas con sus cuatro hijos, moviéndose de un lado a otro porque el ejército no dejaba de perseguirlas, de cazarlas como si fueran animales y durante esos años sus cuatro hijos van falleciendo uno a uno. Murieron de sed, enfermedades, falta de comida y muchas otras carencias básicas. Cuando el ejército se retiró de su comunidad, ella bajó en harapos y sin un solo hijo. ¿Cómo presentar estos hechos ante los jueces? Es doloroso, es inhumano. ¿Cómo explicarles que ella quiso salvar a sus hijos y salvarse ella de caer en la esclavitud sexual y en la servidumbre que el ejército impuso en su comunidad, pero al final solo se salvó ella? Frente a esto, hay que ir creando una metodología para asumir lo emocional, sin subsumir la evidencia que servirá a los jueces para juzgar a algunos de los responsables de esos crímenes. En este caso de violencia sexual el reto fue presentar a los jueces los quiebres culturales provocados por los perpetradores en las mujeres sobrevivientes. 

En lo personal, elaborar peritajes me ha permitido poner en práctica lo que he aprendido en las comunidades, en mi familia extensa, en mi cultura y en la universidad. Además, trato de procesar tanta ilegalidad, crueldad y racismo escribiendo poesía, eso me ha ayudado a drenar la rabia e impotencia que explota dentro de mí. Con todo lo que los pueblos mayas han vivido y sobrevivido desde 1524 es más fácil perder la fe en la humanidad, porque no existe una explicación legítima frente a tanta violencia, servidumbre, despojo e inferiorización a la que nos han sometido.    

¿Qué es un quiebre cultural?

Son esos momentos y acciones que marcan un antes y un después en la vida de las/los sobrevivientes.  Son esos nudos materiales y emocionales que alteran su cultura y esas alteraciones pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, la desaparición de los esposos que ocurre de pronto por miembros del ejército, de manera colectiva, violenta, frente a ellas y sus hijos sin razón o motivo provoca un quiebre cultural en la vida de ellas, es una alteración permanente porque nunca vuelven a tener a su familia, ni a su comunidad como la conocieron. Las que logran encontrar y enterrar los restos del esposo logran cerrar el círculo del duelo, pero no el sello de la violencia, ese es otro quiebre. Las que no logran enterrar al esposo o a los hijos están con ese dolor abierto, con esa herida sangrando, porque no saben ni dónde quedó el esposo o los hijos. Además, el ser violadas es una marca que no desaparece, por ejemplo, una de ellas me narró que estaba amamantando a su bebé, que había nacido dos días antes, y al llegar los soldados, ellos agarran al bebé, lo tiraron y la violaron. Esta mujer sigue destrozada, porque acababa de dar a luz y aun así no la respetaron ni a ella y menos a su bebé, sino que la violaron, estos delitos son otros quiebres culturales. 

¿Qué expectativas hay en relación con el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo?

El gobierno de Bernardo Arévalo tomó posesión en medio de tanta incertidumbre el pasado 14 de enero de 2024 y se convierte en una esperanza, porque ya era difícil vivir en Guatemala. Algo que los peritajes me han enseñado es que la violencia desquiciada que termina en actos de destrucción en contra de las personas o comunidades no ocurren de pronto, sino que va gestándose poco a poco, es un proceso que empieza estableciéndose lentamente hasta imponer un clima de terror y control total, y eso, es lo que estábamos viviendo en Guatemala. Quienes estábamos en el país esquivamos día a día ese terror que inició el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) y agudizó Alejandro Giammattei (2020-2024). 

El gobierno de Giammattei estaba instaurando el siguiente paso, que era encarcelar a las personas incómodas para el sistema que ellos querían imponer, usando el derecho penal para llevarlos a juicios por delitos fabricados. Esta persecución provocó que al igual que en la década de 1980 jueces independientes, fiscales probos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, políticos progresistas, estudiantes universitarios empezaran a salir al exilio. Y los que no se fueron al exilio, bajaron su perfil para sobrevivir. Paralelo a eso, estos dos gobiernos presionaron para que la cooperación abandonara Guatemala. En este marco de represión Arévalo tomó posesión gracias a la resistencia indígena que duró 106 días, del 2 de octubre de 2023 al 14 de enero de 2024. Por eso, las comunidades indígenas y no indígenas, la población de escasos recursos y de barrios urbanos, la débil clase media que aún queda y pequeños sectores empresariales que quieren otra Guatemala tiene expectativas. Pero para ser honesta, a Arévalo le va a ser difícil cumplir con todas las expectativas porque la institucionalidad del Estado está desmantelada. Entonces, le tocará reconstruir y no es fácil en un país que ha sido minado por la corrupción pública y privada, y por una población cansada y empobrecida que demanda cambios rápidos. Y aunque, Arévalo y su partido, le deben a los pueblos indígenas estar en el poder, los nombramientos de indígenas en los gabinetes no han sido proporcionales, solo hay una ministra al frente del Ministerio de Trabajo. Luego algunos en viceministerios, pero sin poder. La crítica y la presión hacia Arévalo ha hecho que nombre a otros indígenas y lo ha hecho, pero en cargos menores, aquí lo importante es leer que, aunque sean gobiernos de centro derecha y se asuman progresistas y busquen mantener un régimen democrático, tienen problemas en ceder poder real a los pueblos indígenas, por ejemplo, en la institucionalidad económica, que es la columna vertebral del país, siguen ausentes los indígenas y esta exclusión tiene un nombre.

¿Qué pasará ahora con los juicios pendientes?

El Ministerio Público está copado por redes corruptas, desde la cabeza hasta las bases, de allí no se puede esperar que emane justicia. Sin embargo, la perseverancia de las y los sobrevivientes ha permitido que los pocos tribunales probos aún continúen juzgando delitos que ocurrieron durante el conflicto armado, por ejemplo, ahora se está juzgando al general Benedicto Lucas García por el delito de genocidio. Y sin duda vendrán otros juicios que están a espera de que se aperturen, aunque se está en contra del tiempo porque los responsables están envejeciendo, están muriendo y están quedando impunes. Lo valioso de todos estos procesos judiciales es que a través de la voz y la vida de las y los sobrevivientes se ha documentado con detalle lo que vivieron los pueblos, cómo se orquestó la represión estatal, quiénes fueron los responsables, cómo operaban las cadenas demandó y sobre todo qué trajo y que se llevó la guerra de las comunidades. O sea, estos procesos están alimentando la memoria histórica nacional evidenciando a quienes han querido borrar las huellas de los crímenes.

A futuro inmediato se espera que la fiscal Consuelo Porras, quien fue incluida por el gobierno de los Estados Unidos, en septiembre de 2021, en la lista de actores corruptos y en mayo de 2022 denunciada por “participar en hechos significativos de corrupción”. Además, la mayoría de la población a través de masivas protestas ha demandado su salida. El nuevo fiscal que nombrará Arévalo, tendrá la responsabilidad de reconstruir el Ministerio Público, porque ahora es una institución al servicio de la elite económica, militar y política del país para garantizarse impunidad.   

¿Cuál es el sentido de todos estos juicios en relación con las formas propias de justicia indígena?

Dentro de la justicia indígena los responsables no han necesitado ser llevados a juicio, porque para los sobrevivientes ellos son responsables de la destrucción en que los dejaron porque ellos y ellas poseen las huellas en sus cuerpos físicos y políticos. Ahora, es histórico que las y los sobrevivientes de los pueblos indígenas hayan logrado llevar a la arena de la justicia ordinaria, sin conocerla, el juzgamiento de las atrocidades que vivieron durante el conflicto armado y hayan ganado los juicios al demostrar que sí se cometieron brutalidades que el estado de Guatemala siempre ha negado.  

Estos juicios dan esperanza, porque muestran la persistencia de quienes sobrevivieron dado que sin ellos y ellas no se podría avanzar, dado que los países pueden tener los mejores tribunales, abogados, peritos, organizaciones o jueces conocedores de su entorno, pero justicia no es solo emitir sentencias o crear jurisprudencia,  justicia es transformar las condiciones de vida y eso es lo que han hecho los sobrevivientes en Guatemala. 

¿Cuáles han sido los logros?

Contribuir a la construcción de otro país. Sin justicia no puede haber futuro para ninguno de los pueblos que habita en Guatemala. La paz se construye en el reconocimiento de los delitos deleznables que el mismo Estado cometió y en la convicción política, técnica y económica de trabajar por reparar lo destruido, comprometiéndose a través de políticas a la no repetición de esos actos en contra de ningún pueblo, ni ahora, ni en el futuro. Solo así las y los sobrevivientes del reciente genocidio podrán mirar con dignidad su pasado y su presente, y abrigar esperanzas de otro futuro. Solo así pueden recuperar algo de sus vidas, de sus valores y elementos de sus culturas que les fueron destruidos.

En el caso de Guatemala un logro es que han sido los pueblos humillados y exterminados los que han usado la justicia ordinaria y han mostrado que el principio universal de que nadie es superior a la ley debe de ser una aspiración no de venganza sino de fortalecimiento del Estado de Derecho. Un ejemplo de este logro fue haber logrado llevar al banquillo de los acusados al poderoso general José Efraín Ríos Montt, darle el derecho a defensa y finalmente, ante las miles de evidencias, demostrar que era culpable. La sentencia del 10 de mayo 2023, retraída por forma por la Corte de Constitucionalidad por presión de la elite nacional, nadie la puede cambiar. La sentencia de más de 700 páginas es la historia de los pueblos y de la justicia guatemalteca. Esto enseña que la memoria es también un campo de batallas, en donde no siempre ganan los privilegiados, sino donde los oprimidos, convertidos en actores, mueven la justicia, y en el caso de Guatemala la han movido las y los indígenas. 

Otro logro es que hoy no se puede pensar Guatemala sin los Mayas, aunque lo intenten o, aunque lo deseen. Gracias a la vida de miles de nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, abuelas, abuelos hoy transitamos por el camino que ellas y ellos abrieron, y nuestra responsabilidad es ensancharlo.