ANIMAL POLÍTICO informa

Por María José de Icaza

En México las radios comunitarias son un espacio de resistencia y en resistencia, al ser donde la subalternidad toma forma en el espacio público y se muestra como sujeto creador de conocimiento, oponiéndose a la centralización de los medios y actuando dentro de un contexto de violencia que permea su labor de difusión. Así, las comunidades encuentran una forma para compartir información que permite la solidificación del tejido social, el fortalecimiento de la identidad y la organización para la exigencia de sus derechos.

Sin embargo, el papel que tienen en la lucha del reconocimiento de su identidad, las lenguas indígenas y la cultura, la tierra y el territorio, así como por la autodeterminación de los pueblos, las ha convertido en un objetivo de represión y violencia por parte de los actores estatales, los intereses económicos e incluso del crimen organizado.

Las agresiones en contra de las radios comunitarias toman una forma particular; no exentas de la violencia que aqueja a la labor periodística en el territorio mexicano, éstas viven bajo el yugo de la violencia institucional. La comunicación comunitaria se enfrenta a otros retos para desempeñar su labor enmarcados en condiciones estructurales de desigualdad y marginación social y jurídica. Únicamente en lo que va del 2019, destaca el asesinato de Rafael Murúa, el director de la radio comunitaria Radio Kashanayen en Oaxaca.

Después de años de presencia en la oscuridad, principalmente en el sur del territorio nacional, con la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en el 2013 el Estado mexicano reconoció a las radiodifusoras comunitarias. Sin embargo, este reconocimiento que debería garantizar espacios en los que la diversidad cultural se viera reflejada, parece tener por objetivo el acotar a estas radiodifusoras a través de someterlas al marco legal, es decir mantener el control del estado, limitando en lo posible su libre accionar.

A la par de que se otorgan concesiones a los grandes consorcios comerciales, los procesos de solicitud y otorgamiento de concesiones radioeléctricas de uso social no son territorial ni culturalmente accesibles. Es importante notar que existen muchas barreras que generan desaliento de las comunidades para trabajar dentro de la legalidad, entre las que se encuentran elementos tan importantes como el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no cuente con oficinas en los estados, la lentitud y por supuesto la burocratización de los trámites.

Es al operar por fuera de la esfera de la legalidad cuando los aparatos de represión y violencia del estado se hacen presentes dentro del quehacer de las radios comunitarias a partir del uso desproporcionado de la fuerza. Las y los comunicadores son agredidos, torturados y encarcelados, y sus equipos de trabajo decomisados o destruidos. Dicho hostigamiento tiene como principio el marco normativo del estado mexicano; sus herramientas fundamentales para censurar y destruir las alternativas comunicativas son el uso desproporcionado de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal.

Las agresiones no sólo se limitan a aquellas radiodifusoras sin concesión, pues aún para aquellas que trabajan bajo el marco legal el trabajo libre se ve restringido a través de amenazas, hostigamiento e incluso asesinatos. La represión se ha convertido en el pan de cada día para las y los comunicadores comunitarios, principalmente para aquellos que realizan coberturas relacionadas a megaproyectos y protestas sociales, como fue el caso de las movilizaciones sociales en Nochixtlán radiodifundidas por Radio Tu Un Ñuu, cuando sus integrantes Salvador Olmos y Agustín Pavia fueron asesinados.

Sólo en 2017, ARTICLE 19 documentó 14 agresiones en contra de radios comunitarias, lo que representó un 34% de las agresiones documentadas en contra de medios de radiodifusión en general. Sin embargo, y como parte de la vulnerabilidad debido a las condiciones geográficas y estructurales, la documentación de agresiones de este tipo cuenta con un sesgo referente a la dificultad de acceder a los medios para conocer aquellas que se puedan cometer en contra de dichos medios.

Otra forma de censura y control que sufren estas radios, a la par de los medios en general, es la dependencia económica hacia el Estado a través de la publicidad oficial, ya que a diferencia de otros medios, la regulación presupuestal de las radios comunitarias las limita a este tipo de financiamiento. Las radios comunitarias únicamente pueden acceder al 1% del presupuesto destinado a la publicidad oficial a nivel federal, el cual tiene que ser distribuido de forma equitativa entre todas las radiodifusoras de uso social, ya sean comunitarias o indígenas. Otra alternativa de subsistencia está en el confiar en la buena voluntad de los gobiernos estatales y municipales que, sin que sea obligatoria, tienen la posibilidad de otorgar este mismo porcentaje.

Así, la necesidad de obtener fondos de las administraciones en turno se convierte en una forma de censura previa, donde criticar a los gobiernos o atacar a los poderes fácticos se traduce en la remoción de los medios necesarios para sostenerse.

La discriminación también es un tema central al hablar del sector comunitario de la radiodifusión. Organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) han denunciado dicha tendencia en materia del acceso al espectro radioeléctrico por ser de bajo alcance y constituir un mínimo porcentaje de las concesiones, siendo el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, en comparación con otro tipo de concesiones.

Las obligaciones del Estado en materia de comunicación comunitaria son claras: garantizar las condiciones para que las asociaciones civiles y comunidades indígenas accedan al espacio radioeléctrico, el equipo y el presupuesto necesario para ejercer su libertad de expresión de forma sencilla y culturalmente apropiada, y no obstaculizar este proceso mediante controles oficiales que limiten los contenidos o la libertad de difusión fuera de los límites establecidos en el artículo 6° de la Constitución. Sin embargo, la realidad es diferente.

La actual regulación y la falta de respuesta estatal frente a la violencia generalizada en contra de la prensa en México colocan a las radiodifusoras comunitarias en una situación de gran vulnerabilidad, a la ley y las instituciones gubernamentales como sus principales enemigo, y a la resistencia como la única herramienta para la comunicación.

* María José De Icaza es integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica (@article19mex).

Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex.

Ir al artículo original