Por: Geraldine Santos (Huánuco), Jorge Carrillo (Loreto), Clarys Cárdenas (Cusco), Alba Rivas (Apurímac), Karin Chacón (Puno) y Yanua Atamaín (Amazonas).

No permitimos el ingreso de foráneos a nuestras tierras, las comunidades están alertadas, pero la información es escasa, por lo que pedimos al Gobierno aplicar una estrategia especial para la Amazonía. Queremos que coordinen con nosotros para poder controlar los caminos, dice Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Lejos de las capitales, las comunidades indígenas toman sus propias medidas de seguridad ante el avance de la pandemia. OjoPúblico se comunicó con los principales líderes nativos amazónicos, quechuas y aymaras de las diferentes regiones del país y explicaron que los pueblos indígenas han decidido el cierre de sus fronteras con el fin de evitar el ingreso de extraños y exponerse al contagio. Muchos de ellos han reactivado los comités de autodefensas (que durante los años 80 y 90 fueron indispensables en la lucha contra el terrorismo) y han impuesto la vigilancia estricta de su población.

El pasado miércoles 18 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó al primer paciente indígena con la Covid-19: un líder de las comunidades de los ríos Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza, que había vuelto a Lima desde Holanda, donde presentó una queja por contaminación contra la empresa Pluspetrol. El dirigente guarda aislamiento en su casa de San Martín.

EL PASADO MIÉRCOLES 18 DE MARZO SE IDENTIFICÓ AL PRIMER PACIENTE INDÍGENA CON LA COVID-19, UN LÍDER DE LAS COMUNIDADES DE LORETO.

En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. El último censo del 2017 estableció una población total de 2’014.534 personas. Ellos integran uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: menos de la mitad (el 48%) tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el 75,4% no tiene acceso a servicios de salud.

PROTECCIÓN. Las comunidades indígenas de San Martín cerraron 
sus accesos y vigilan que no ingresen foráneos para evitar 
contraer la Covid-19. Foto: Yanua Atamain

El líder de Aidesep, institución que agrupa a 1.809 comunidades indígenas de la Amazonía, reclama que haya “información en sus idiomas originarios, que no se entregue solo en la zona urbana, sino también en las comunidades, somos los más vulnerables. En nuestras comunidades no hay médicos, faltan medicinas y no tenemos agua potable”, dijo a OjoPúblico.

La Defensoría del Pueblo ha exhortado al gobierno peruano a brindar información sobre la Covid-19 en lenguas indígenas, que según el último censo en el Perú son 47. El Ministerio de Cultura ha producido y distribuido esta información en 11 lenguas originarias y cinco variedades de quechua. Sin embargo, las federaciones que representan a las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en Loreto, pidieron al Ministerio de Salud difundir dicha información en las comunidades “con claridad, seguridad, pertinencia, en idioma indígena y en coordinación con organizaciones y autoridades comunales sobre la prevención y control del Covid-19”.

La amenaza ilegal

En este contexto, una de las principales amenazas para las comunidades indígena lo constituyen los grupos de mineros ilegales y narcotraficantes, para quienes las órdenes de inmovilización no tienen efecto. Los involucrados en estas actividades ilegales continúan atravesando los territorios indígenas. La adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, exhortó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (que custodian el tránsito en los ríos de la Amazonia) para que apoye a las comunidades en el control del tráfico de drogas y la defensa de sus territorios.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO HA EXHORTADO AL GOBIERNO A BRINDAR INFORMACIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS.

Ante el avance de la Covid-19 en las ciudades, los pueblos indígenas de la Amazonía decidieron aislarse de forma voluntaria y cerrar sus accesos a foráneos. “Es una medida acertada, puesto que el virus aún no ha llegado a sus comunidades y solo está presente en zonas urbanas. Sin embargo, la respuesta del gobierno y la atención a estos lugares es bastante limitada y tiene que replantearse”, señala César Gamboa, director ejecutivo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales).

Por ejemplo, en Madre de Dios las comunidades han colgado un cartel cerca del río que prohíbe el ingreso de extraños a su territorio. “Las comunidades tienen miedo porque si el virus llega a territorios nativos sería una catástrofe por el difícil acceso a los servicios de salud, por eso se han aislado”, dijo a OjoPúblico Juan Carlos Arique Quique, líder de la comunidad San José de Karene, del pueblo Harakbut.

La lucha contra la pandemia en esta región, la que concentra la mayor actividad aurífera ilegal, supone también un enfrentamiento contra la superposición de derechos territoriales. “El Estado otorgó concesiones dentro del territorio comunal. A raíz de eso vienen personas de otro lugar, lo cual nos pone en riesgo de contraer enfermedades. Queremos que el estado ya no entregue más concesiones aquí, porque solo nos trae deforestación, contaminación y enfermedades”, dijo el dirigente.

Miedo a lo desconocido

En Loreto, donde se han reportado 53 casos de personas con la Covid-19 y es una de las regiones con más casos junto a Lima, Cusco y Piura, el miedo de que el virus se instale en territorio indígena es latente y preocupa a los líderes de las comunidades. Según el Ministerio de Cultura, solo el 11,5% de comunidades indígenas de esta región tiene agua potable.

LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA EN MADRE DE DIOS SUPONE TAMBIÉN UNA BATALLA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL.

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) ha informado a sus líderes para que eviten el contacto con extranjeros. Mientras que el Instituto del Bien Común (IBC) se ha comprometido a facilitar deslizadores y combustible para trasladar a un centro de salud a pacientes con sospecha de infección del coronavirus.

Si bien una de las principales recomendaciones sanitarias para prevenir la enfermedad es el lavado frecuente de las manos, en Loreto y otras zonas de la Amazonía la mayoría de comunidades indígenas carecen de estos servicios básicos. Adicionalmente, el acceso a los centros de salud es deficiente.

CARENCIAS.  En Loreto y otras zonas de la Amazonía la mayoría 
de comunidades indígenas carecen de los servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado, y el acceso a los centros de 
salud es deficiente.Foto: ORAU

“La distancia de una comunidad a la posta médica más cercana puede tardar como mínimo entre 6 y 8 horas, incluso hasta 3 días o más si son comunidades muy alejadas”, dijo Pérez Rubio.

En Ucayali, Isaías Cairuna Nunta, líder de la comunidad nativa Caco Macaya, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, a 24 horas de viaje por río desde el puerto de Pucallpa, dijo que no saben cómo actuar. “Sentimos que el Estado nos abandonó. No tenemos información de cómo actuar. Por ahora estamos aislados, hemos cerrado nuestras fronteras, pero no sabemos qué más hacer. Nuestras familias necesitan el bono económico de S/ 380 para subsistir”, dijo a OjoPúblico.

Para el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, es urgente que el Estado peruano replantee sus políticas interculturales para las zonas más alejadas. “Siempre llegamos tarde y este coronavirus tiene una capacidad de contagio alta. Lo importante en este momento es evitar que el virus se expanda e ingrese a las comunidades indígenas”, comentó.

Asháninkas vigilan sus fronteras

En la región Junín, donde existen 13 casos confirmados, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), que agrupa a 19 comunidades y 33 caseríos en los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, informó mediante un comunicado el cierre de sus fronteras, así como la estricta vigilancia de su territorio con apoyo de sus comités de autodefensa.

Sin embargo, los traficantes de droga continúan circulando por la frontera entre Junín y Cusco, lo que causa preocupación en las comunidades nativas. “El tráfico de drogas no se ha detenido, y por eso pedimos la intervención de las Fuerzas Armadas para que haga respetar la cuarentena. No queremos un enfrentamiento con ellos (los narcotraficantes), estamos en emergencia y debemos protegernos”, dijo el líder asháninka Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Otra de las regiones en alerta es Huánuco. Las autoridades tratan de evitar que el virus ingrese a alguna de las 22 comunidades indígenas Yanesha, Asháninka, Cacataibo y Conibo, ubicadas en la provincia de Puerto Inca, donde existe la actividad minera ilegal y el tráfico de madera.

SE DEFIENDEN. Los asháninkas de Junín cerraron sus fronteras para
 proteger a su población, y reactivaron sus comités de autodefensa
 que fueron clave en la lucha contra el terrorismo. Foto: CARE

Aldo López Rodríguez, jefe de la  Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas del Gobierno Regional de Huánuco, dijo a OjoPúblico que todavía no han brindado información a las comunidades nativas en su lengua original por el difícil acceso al territorio, pero que están elaborando una estrategia de intervención.

Mientras tanto las comunidades de los distritos de Honoria, Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Tournavista se mantienen aislados. “Optaron por aislarse y no permitirán el ingreso de ninguna persona a sus territorios porque si llega la enfermedad será incontrolable”, declaró Berlín Dique Ríos, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali.

SANDRA RÍOS, DEL IBC, RECOMENDÓ QUE ES IMPORTANTE VIGILAR Y REFORZAR EL AISLAMIENTO EN ESTAS COMUNIDADES.

En la región San Martín, donde hay 5 casos confirmados, las 14 comunidades awajún de la zona del Alto Mayo también permanecen aislados para prevenir el contagio. Las familias se turnan para realizar vigilancia durante el día y la noche, y así evitar el ingreso de extraños a sus tierras comunales.

Sandra Ríos, especialista del Instituto del Bien Común (IBC), recomendó que ahora que estamos en la fase del contagio comunitario es necesario que se vigile y refuerce el aislamiento en estas comunidades. “Debemos supervisar que estén protegidos en sus territorios, a salvo de foráneos y extranjeros, saber que están cumpliendo el toque de queda”, dijo.

Añadió que también es importante que, cuando pase la emergencia, el estado implemente y mejore los servicios básicos de salud en estas zonas. “Hay una cuestión de derechos básicos en territorios indígenas, porque hasta ahora el gobierno ha priorizado a las grandes ciudades y no a los lugares alejados como las comunidades”, dijo.

Cusco cierra acceso a turistas

En Cusco, el principal destino turístico del Perú, las comunidades eligieron cerrar el acceso a los turistas por miedo a la Covid-19. Por eso, el pasado martes 17 de marzo impidieron el ingreso de nueve turistas de Polonia a la comunidad machiguenga de Kirigueti, en el Bajo Urubamba.

Ruth Vargas Mojino, jefa de la comunidad de Kirigueti, contó a OjoPúblico que ella condujo a los turistas de regreso al puerto de Nuevo Mundo (la comunidad más cercana). “Para retornarlos pedí al centro de salud una mascarilla, pero no tenían; solo había una para la doctora’’, comentó. Después, la Marina de Guerra continuó con el traslado de los turistas hasta Sepahua, límite con la región Ucayali.

En Cusco habitan ocho pueblos originarios en su territorio andino y selvático, que representan el 27,8% de la población. Si bien el pueblo más numeroso es el quechua, existen otros siete pueblos que viven en la ceja de selva, en la provincia de La Convención y que pertenecen a los pueblos Asháninka, Harakbut, Kakinte, Kichwa, Matsigenka, Nanti y Yine, distribuidos en 64 comunidades.

AISLADOS. Los líderes indígenas del Alto y Bajo Urubamba (Cusco) 
cerraron sus accesos a los turistas para evitar que su población 
contraiga la COVID-19. Foto: Álvaro Franco

Wilson Ríos, jefe de la comunidad de Nuevo Mundo, le dijo a OjoPúblico que están en cuarentena principalmente porque ‘‘en el Bajo Urubamba no tenemos buenos hospitales. Oramos todos los días para que no llegue el virus’’. Por su parte, Bernabé Gómez, presidente de la Central de Comunidades Nativas Matsigenkas Juan Santos Atahuallpa (Ceconama), agregó que “estamos desprotegidos y la única medida de prevención es el aislamiento; las visitas entre comunidades están suspendidas”.

EN CAMISEA, COMO EN EL RESTO DE ZONAS DONDE HABITAN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE INFORMACIÓN EN LENGUA ORIGINARIA.

La situación es parecida en el distrito más rico del Perú ubicado en Cusco: Megantoni, que recibe S/ 250 millones de presupuesto al año por la explotación de sus reservas del gas natural de Camisea. Sin embargo, también cerró sus fronteras a foráneos y turistas. “Si alguien presentara algún síntoma será trasladado vía aérea. Ya hemos coordinado con la empresa Pluspetrol y Repsol (que operan los lotes de gas)”, dijo su alcalde Daniel Ríos Sebastián.

En esta región, como en el resto de zonas donde habitan pueblos indígenas, la falta de información en lengua originaria es preocupante. “La información que ha llegado es poca o nula, el 90% de la población aquí habla yine, machiguenga y ashaninka. Recién hace unos días el Ministerio de Cultura ha ido traduciendo algunos mensajes en lenguas amazónicas”, dijo Rocío Gutiérrez Silva, fundadora de la ONG Ayni Desarrollo y coordinadora de un proyecto de salud materna en el Bajo Urubamba.

Al igual que en la Amazonía, en Cusco la amenaza de la pandemia se agrava por los limitados servicios básicos. El último censo de comunidades indígenas, señala que el 68,3% de los habitantes del distrito de La Convención no cuenta con agua dentro de sus viviendas.

Quechuas y aymaras se organizan

En Apurímac, la única región sin personas detectadas con la Covid-19, hay 14 comunidades quechuas que han cerrado los accesos a sus territorios. El alcalde del distrito de Pacucha, en Andahuaylas, Hainor Navarro, le dijo a OjoPúblico que los pobladores “están controlando qué carro entra y qué carro sale, identificando si son personas de Lima o del extranjero y lo están reportando al centro de salud”.

LA REGIÓN AYACUCHO HA VUELTO A REACTIVAR SUS COMITÉS DE AUTODEFENSAS, INDISPENSABLES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

En la provincia de Cotabambas, donde la empresa china MMG opera el proyecto minero Las Bambas, tres comunidades también vigilan sus territorios. “Hemos bloqueado nuestros accesos por nuestra propia seguridad y para preservar nuestra salud, y debido a la cercanía de nuestras comunidades al campamento minero donde labora personal foráneo”, dijo Edison Vargas Huamanga, representante de Cotabambas en el Frente de Defensa de Apurímac.

OjoPúblico conoció que unos 300 trabajadores de empresas contratistas de MMG permanecen en el distrito de Challhuahuacho porque no han logrado volver a sus distritos de origen; y otros 500 trabajadores que no realizan “operaciones críticas” continúan en el campamento minero.

VIGILANCIA. En Apurímac las comunidades quechuas vigilan que 
no ingresen extraños a su territorio, y han colocado advertencias 
para evitar el pase de foráneos. Foto: Alba Rivas

La región Ayacucho ha vuelto a reactivar sus comités de autodefensas, indispensables en la lucha contra el terrorismo, para luchar esta vez contra el avance del coronavirus. En el distrito de Chungui –ubicado en la frontera entre Cusco y Apurímac, en la zona neurálgica del narcotráfico, el Vraem–, unas 36 comunidades quechuas controlan el pase de los vehículos con el apoyo de sus comités de autodefensa.

Más al sur oriente, en Puno, los líderes quechuas y aymaras han implementado planes de protección para salvaguardar a esta población. Aquí viven 1.352 comunidades, entre ellas las que habitan sobre el Lago Titicaca: Los Uros, un pueblo originario que se aloja en 105 islotes.

“Estamos acatando el aislamiento en las islas y por el momento no hay turismo vivencial. Solamente una persona por familia sale en su bote para comprar alimentos en los mercados de Puno, una vez a la semana”, dijo a OjoPúblico Rita Suaña Coila, exalcadesa del centro poblado Uros Chulluni. Las familias no están usando mascarillas para movilizarse por falta de este insumo médico.

SOBREVIVEN. En Puno las naciones quechuas y aimaras subsisten 
en esta cuarenta gracias a los productos agrícolas que cosechan 
durante el año. Foto: Karin Chacón

Además de los Uros, otras comunidades de Puno también están desprotegidas. El exdirigente de la Federación Departamental de Campesinos, Juan Rojas Vargas, dijo que en los establecimientos de salud hay solo una enfermera o un médico. “Si se presentaran casos sospechosos deben ser referidos a los hospitales de la región. Esperemos que no llegue el coronavirus a las comunidades, porque sería una catástrofe. Si bien la enfermedad está más presente en la ciudad, durante la cuarentena mucha gente de la ciudad migró al campo sin la debida protección”, dijo a OjoPúblico.

En el caso de los pueblos aymaras, que habitan al sur de Puno en la frontera con Bolivia, ellos enfrentan la emergencia nacional aislados, cosechando sus productos agrícolas: papa, chuño, haba, tarwi, cebada. No obstante, tienen problemas para conseguir otros insumos y para realizar sus actividades tradicionales, como la feria dominical de ganados conocida como Uywa Qathu.

“En marzo y abril las comunidades originarias comercializamos nuestros animales todos los domingos y en Desaguadero (frontera con Bolivia) los martes y viernes. Los intermediarios venden la carne (alpaca, vacuno, ovino) y proveen a los mercados de Arequipa, Tacna, Lima y otras ciudades. Ahora por la emergencia todo eso ha quedado suspendido”, dijo Edgard Chura Mamani, presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno.

Por su parte, el jefe de la Defensoría del Pueblo de Puno, Jacinto Ticona Huamán, insistió en la necesidad de enviar mensajes en quechua y aymara. “Los medios de comunicación y otros sectores como el Ministerio de Salud deberían emitir mensajes con enfoque intercultural”, dijo.

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