Texto: Mònica Martínez Mauri | Fotografías: Facebook TV Indígena

Una de las dimensiones de la crisis global que conoce actualmente la
humanidad es la política. En muchos Estados esta crisis se traduce en una falta de legitimidad de los líderes y partidos que gobiernan el país a pesar de haber sido elegidos democráticamente. En Panamá esta situación se ha hecho especialmente visible durante los últimos meses de 2023 a raíz de la aprobación de la ley 406 por la Asamblea legislativa el pasado 20 de octubre. El pueblo panameño se manifestó enérgicamente en contra de esta ley porque comportaba la firma de un contrato de explotación minera con la empresa canadiense First Quantum. El contrato despertó el recelo de la población por comprometer el futuro del país entregando la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica por un periodo de 20 años, con opción a prórroga, y a cambio de un pago anual de US$375 millones.

Pese a la oposición de las organizaciones ambientalistas a la explotación de este yacimiento ubicado en la provincia de Colón, la mina ya era explotada por la sociedad minera Petaquilla S.A. desde 1997 gracias a un contrato firmado con el Estado −sin licitación previa ni estudios de impacto ambiental−. Ante esta irregularidad en 2009 los movimientos medioambientalistas interpusieron una demanda que se resolvió en 2017 con un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, publicado en 2021. A pesar de este revés judicial, las negociaciones del gobierno con la filial canadiense continuaron en 2022 y culminaron con la aprobación de la controvertida ley 406. En respuesta, la sociedad civil se movilizó de forma masiva hasta que el 28 de noviembre de 2023 la Corte Suprema emitió un nuevo fallo de inconstitucionalidad.

Durante este ciclo de movilizaciones los indígenas, ya sea a título personal, a través de sus instituciones políticas −Congresos, consejos o comunidades− o movimientos sociales, hicieron alzar su voz en contra del contrato minero. El congreso general de Gunayala celebrado del 26 al 30 de octubre de 2023 en la comunidad de Dadnaggwe Dubbir, fue uno de los que reaccionó con más contundencia emitiendo una resolución en la dejaba clara su oposición a la explotación de la minería en la comarca y condenaba la actuación de los dos diputados del PRD (Partido Revolucionario Democrático) que representando a territorios gunas en la asamblea legislativa habían votado a favor del contrato minero. En la resolución, el congreso guna, además de pedir la derogatoria del contrato, repudió a los dos diputados gunas. Ambos fueron considerados como personas non gratas y les fueron retiradas las licencias comerciales que les permitían operar en la comarca.

El caso del controvertido contrato minero ilustra algunos de los desafíos que debe enfrentar la autonomía de los pueblos indígenas. Por un lado, pone de manifiesto que las decisiones que atañen a la explotación de los recursos del subsuelo siguen siendo una cuestión de Estado. Por otro lado, este caso muestra que los políticos indígenas que representan a sus territorios en las instancias nacionales pueden ser más fieles a los intereses y a las agendas partidistas que a los de sus autoridades tradicionales o a las normas internas de sus pueblos.